Los grupos de la oposición de Trives (PP y PSOE) anunciaron que llevarán al juzgado lo que ellos consideran que es una vulneración de sus derechos fundamentales al no incluirse en la orden del día los puntos que habían solicitado en la convocatoria (de carácter extraordinario, tras la petición de cuatro ediles), salvo el de la toma de posesión del edil popular Higinio Guerra.
Habían presentado seis mociones para su inclusión en la orden del día, de las que dos ni siquiera fueron recogidas en los asuntos al pleno, y cuatro más fueron planteadas como ruegos. El alcalde, Francisco Fernández, apeló a un informe encargado a una asesoría jurídica externa para justificar su decisión, pero no valió a los concejales de la oposición, que abandonaron la sesión.
«Se basa en un informe de una empresa, que hace informes a la carta porque se le paga para ello, para dejar sin efecto nuestras mociones y hacerlas ruegos... No puede ser e iremos a los tribunales por vulneración de nuestros derechos fundamentales de concejales, de poder pedir un pleno extraordinario con unos puntos para ser debatidos», justificaba el líder del PP, Isauro Pérez. Desde la alcaldía, Fernández defendía el informe jurídico «que di que pedían cousas que son competencia do alcalde, e non do pleno. Por suposto, están no seu dereito de ir á xustiza se non o ven claro (...) pero deberían estudar cales son as competencias do alcalde e cales non».
Las mociones convertidas en ruego eran relativas a crear un servicio municipal de urbanismo (que antes realizaba la mancomunidad y ahora está delegado en la Diputación), la reubicación de la oficina de turismo en la plaza do Reloxo, la petición a la Diputación de rematar el vial a la estación de esquí y la ampliación de la Galiña Azul. Además, quedaron fuera las mociones relativas a resolver la recusación formulada por la secretaria municipal contra el alcalde en relación al expediente disciplinario que tiene abierto, y declarar la invalidez del acuerdo de suspensión de sus funciones. En este caso, no se recogieron, porque ?dice el informe? es competencia de la instructora del expediente (una concejala del grupo de gobierno) la tramitación de la recusación, y esta ya la había inadmitido.
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