Los expropiados estimaron entre 4,50 y 6 euros por metro cuadrado el precio de sus terrenos, que varían según las características de cada finca (monte o soto), según explicó Pedro Rodríguez. Las cantidades que pretenden los afectados son superiores a los 2,25 euros por metro cuadrado que aprobó el Jurado provincial de Expropiación Forzosa para esas mismas fincas. A su vez, Red Eléctrica de España discrepó con las tarifas que reclaman los propietarios y el justiprecio del organismo provincial, al estimar que son demasiado elevadas y solicita su revisión.
La empresa eléctrica justificó su petición de abaratar el precio en las características de la 'comarca de alta montaña de la provincia de Ourense' que cruza la línea de alta tensión. Además, recordó su 'paulatino despoblamiento' y descartó 'un relevo generacional que pueda generar ni incluso mantener actividades agrícolas o ganaderas prósperas'. También reseñó el 'minifundismo endémico' de estos concellos, así como el 'clima limitativo de ciertos cultivos agrícolas y forestales y las elevadas pendientes del terreno'. Red Eléctrica concluyó señalando que'las posibilidades de aprovechamiento rentable de esta parcela son muy limitadas'.
El representante de los afectados aludió a las dificultades que deben superar los ganaderos y agricultores para reformar sus explotaciones, por estar dentro del programa de protección ambiental Red Natura 2000. 'Un agricultor non pode facer nada e ven esta empresa e danlle permiso para instalar os mamotretos das torretas', dijo.
A su vez, Isabel González, presidenta de la plataforma 'No al Trazado Trives-Aparecida' (Notta), explicó ayer que el colectivo está a la espera de que se resuelva el contencioso administrativo presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue dirigido contra la autorización de la línea de alta tensión, pues el colectivo encuentra contradicciones en el estudio de impacto ambiental, no quedando justificado el trazado elegido para la línea de alta tensión. Además, apunta el riesgo que entraña para la salud, pues discurre por las inmediaciones de varios pueblos. Por otra parte, la plataforma culpa a la empresa eléctrica de los continuos retrasos que acusa el citado contencioso administrativo, iniciado en octubre de 2009.
Fuente: La Region
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