El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el
visto bueno a un documento de trabajo que apuesta por reducir a la mitad
el número de partidos judiciales de todo el Estado. Un nuevo mapa que
trastoca una demarcación configurada hace 20 años , según la Ley
Orgánica de Demarcación y Planta Judicial de 1988.
Según esta propuesta, pasarían de los 431 actuales a una cifra
que rondaría entre las 190 y 200 unidades. Así, el máximo órgano de los
jueces propone para la provincia de Ourense agrupar los nueve partidos
judiciales existentes ahora en dos,con una única línea divisoria, la que
separa Trives y O Barco del resto de la provincia. Por un lado,
contempla un macropartido que aglutine a los actuales de Ourense, Bande,
Celanova, Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo. En un segundo,
quedarían agrupados O Barco y Trives, en la parte más oriental de la
provincia. Mientras que el primero daría servicio a 295.146 habitantes
-ahora con 17 juzgados de primera instancia e instrucción-, el segundo
se quedaría con 40.073 habitantes -tres unidades judiciales-.
Por su parte, los 14 partidos judiciales en los que se divide A Coruña quedarían en cuatro. Los nueve de Lugo, en dos. Los 13 de Pontevedra, en cuatro y, además, continuaría Lalín.
EFECTOS PRÁCTICOS
Esta concentración tendría como efectos prácticos, según apuntaron fuentes judiciales consultadas por este diario, un redistribución de los juzgados que actualmente acogen las principales villas de la provincia, de forma que dejarían de ser mixtos (con competencias civiles y penales en un mismo órgano), pasando a especializarse en instrucción o primera instancia tal como ocurre en la ciudad. Todo ello, con la consiguiente reducción de plantilla de funcionarios.
A partir de ahora, el Consejo dará traslado de esta propuesta al Ministerio de Justicia y abrirá el plazo durante dos semanas para que los vocales emitan sus sugerencias. Las observaciones de los vocales serán debatidas en un pleno extraordinario que se convocará el próximo 3 de mayo y en el que se aprobará definitivamente el nuevo mapa. Acto seguido, se transmitirá a los órganos gubernativos periféricos para que las salas de gobierno y las juntas de jueces de todo el territorio puedan enriquecer el texto con sus propuestas.
Por su parte, los 14 partidos judiciales en los que se divide A Coruña quedarían en cuatro. Los nueve de Lugo, en dos. Los 13 de Pontevedra, en cuatro y, además, continuaría Lalín.
EFECTOS PRÁCTICOS
Esta concentración tendría como efectos prácticos, según apuntaron fuentes judiciales consultadas por este diario, un redistribución de los juzgados que actualmente acogen las principales villas de la provincia, de forma que dejarían de ser mixtos (con competencias civiles y penales en un mismo órgano), pasando a especializarse en instrucción o primera instancia tal como ocurre en la ciudad. Todo ello, con la consiguiente reducción de plantilla de funcionarios.
A partir de ahora, el Consejo dará traslado de esta propuesta al Ministerio de Justicia y abrirá el plazo durante dos semanas para que los vocales emitan sus sugerencias. Las observaciones de los vocales serán debatidas en un pleno extraordinario que se convocará el próximo 3 de mayo y en el que se aprobará definitivamente el nuevo mapa. Acto seguido, se transmitirá a los órganos gubernativos periféricos para que las salas de gobierno y las juntas de jueces de todo el territorio puedan enriquecer el texto con sus propuestas.
La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, defendió ayer los principios básicos de la nueva demarcación judicial en aras de ganar en especialización, eficacia y agilización en el trabajo de los juzgados y tribunales.
El nuevo modelo, tal como defendió el órgano de gobierno de los togados, permitirá una adecuada implantación de la Oficina Judicial y superar así los 'problemas' detectados en los últimos meses. 'Permite que podamos aumentar el número de jueces sin necesidad de aumentar el número de funcionarios judiciales', añadió. Para Bravo 'la atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios'.
La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, según ha destacado Gabriela Bravo, que ha señalado que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.
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