Tener que pagar por trámites imprescindibles de la vida diaria, desde el registro de un recién nacido o un fallecido, la petición de una fe de vida para hacer gestiones o el alta de un certificado para poder cobrar la pensión, reportaría solo en la ciudad de Ourense cerca de medio millón de euros en tasas. Son las cifras que ha puesto sobre la mesa el sindicato UGT para alertar sobre el volumen de negocio que, según subrayan, el Gobierno pondrá en manos de los registradores de la propiedad imponiendo un nuevo gravamen a los ciudadanos. La oficina de registro es uno de los servicios con más actividad del entramado judicial y las colas de usuarios son la estampa habitual. Solo en la ciudad de As Burgas se realizan en un año 25.000 trámites. Traspasar el negocio implicará el pago de una media de 20 euros por cada gestión, advierte el sindicato.
"Lo único que hay es un negocio", reitera el portavoz de la sección de Justicia de UGT, Manuel González Carvajal, quien en un comunicado achaca un plan privatizador del ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, de momento un anteproyecto. "Lejos de mejorarse el acceso y la gestión del servicio a los ciudadanos se dará en exclusiva un monopolio a los registradores de la propiedad, que verán aumentados sus ingresos un 1500% tras haber invertido en infraestructuras 130 millones de euros".
Miembros del Colegio de Registradores de Galicia han visitado hace unos días las oficinas civiles de A Coruña y Vigo, según UGT, para recabar datos. "No sabemos cuál pudo ser el motivo sino el de mirar cuánto puede suponer el pastel, ya que se han limitado a recoger datos", acusa el portavoz sindical.
El registro civil de la Rúa do Progreso, que corresponde solo al partido judicial de la ciudad, totalizó en un año, aproximadamente, 18.000 certificaciones, 4.000 inscripciones, 1.000 expedientes gubernativos y otras 700 actuaciones. Más de 486.000 euros se generarían cobrando, según los cálculos sindicales difundidos ayer. Este balance no incluye el resto de inscripciones y certificaciones en toda la provincia, que se llevan a cabo además en los juzgados de paz de los ayuntamientos y los otros registros civiles de los partidos de Trives, Ribadavia, O Carballiño, Xinzo, Verín, Celanova y O Barco de Valdeorras.
La posible reforma de un servicio cotidiano también se ha encontrado con la confrontación de otro colectivo privado afectado por la profunda crisis inmobiliaria, el de los notarios, a quienes Gallardón planteó a su llegada al ministerio traspasar la gestión de bodas. El órgano colegial de los notarios salió al paso del borrador de reforma estos días para censurar al Gobierno por "pretender sustituir el actual modelo de seguridad jurídica preventiva por otro que será perjudicial para la sociedad".
Pasaría a ser obligatorio, indica este colectivo, "inscribir desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. Por un poder se pagaría cuatro veces más y alargaría los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica", considera el Consejo General de Notariado en su publicación oficial.
Gratuito desde 1870
UGT, que remitirá cartas a los alcaldes para movilizarlos contra el plan del ministerio. previene de que "supondrá un incremento de costes para los ciudadanos y un lastre para el desarrollo económico", además de cuestionar que se mejore la gestión por la vía privada y atribuir los retrasos en expedientes acumulados en el propio ministerio, cuya Dirección General de Registros y Notariados es la que tiene la potestad de resolver, señala UGT. El servicio de registro civil es gratuito desde que fue implantado en 1870.
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