Dos empresas de Ponferrada y una de Madrid solicitaron permiso para investigar, con la intención de explotar posteriormente, yacimientos de oro que se encuentran en Trives, Parada do Sil y San Xoán de Río. Treinta compañías realizaron peticiones para estudiar las posibilidades de aprovechamiento de 45 antiguas minas, al amparo de la Lei de Ordenación da Minería de Galicia, después de que la Consellería de Industria desbloqueara el desarrollo del sector minero en la provincia de Ourense, en una iniciativa pionera, que luego se trasladará al resto de la Comunidad Autónoma.
El concurso de derechos mineros que se puso en marcha, después de un paréntesis de más de diez años, supone una inversión de 6,3 millones de euros y generará más de 500 puestos de trabajo, según indicó ayer en el edificio administrativo de la Xunta el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces.
Tras liberar 121 derechos mineros que habían caducado, declarados ahora francos para su explotación, el Gobierno gallego acaba de admitir a trámites 45 solicitudes, de las que dos corresponden a peticiones directas de explotación y 43 a estudios de viabilidad de los yacimientos –se encuentran en 31 concellos de la provincia–, mientras que 76 quedaron desiertos, pese a lo que permanecerán como tierras francas y registrables, por lo que se pueden explotar directamente.
La Xunta admitió a trámite las solicitudes realizadas por diferentes empresas para desarrollar un proyecto de investigación en yacimientos de Trives, para oro, plata, cobre, cobalto, volframio, estaño y tierras raras; Parada do Sil, dos permisos de investigación para oro, plata, cobre, cobalto, estaño, volframio, tierras raras, metales base y metales preciosos; San Xoán de Río, tres permisos de investigación para oro, plata, cobre, cobalto, volframio, estaño, tierras raras, metales bases, metales preciosos y rocas ornamentales; A Gudiña, cinco solicitudes, de las cuales cuatro corresponden a proyectos de investigación y una para explotación directa de un yacimiento de estaño y volframio; Amoeiro, un permiso de investigación de granito; Baltar, tres permisos de investigación de granito; Baños de Molgas, dos permisos de investigación de granito; Carballeda de Avia, una concesión directa de explotación para granito; Carballeda de Valdeorras, tres permisos de investigación para pizarra; Covelo, un permiso de investigación para granito; Cualedro, un permiso de investigación para granito; Laza, dos permisos de investigación para calizas y cuarcitas; Leiro, cuatro permisos de investigación para granito; Maceda, dos para arcillas; Melón, tres para granito, calizas y cuarcitas; Montederramo, una para arcillas; Monterrei, dos para metales y granito; Oímbra, una para granito; Os Blancos, dos para granito; Petín, uno para pizarra; Rubiá, uno para calizas y cuarcitas; San Cristovo de Cea, dos para granito, calizas y cuarcita; Sandiás, cinco permisos para guijarro y feldespato; Sarreaus, uno para guijarro y feldespato; Verín, dos para metales; Vilamarín, uno para granito ornamental; Vilamartín, uno para pizarra; Vilardevós, dos para metales; Xinzo, cinco para granito, guijarro y feldespato; Xunqueira de Ambía, uno para granito; y Xunqueira de Espadañedo, uno para arcillas.
Al caducar los derechos mineros, las 121 superficies afectadas por la situación adquirieron la condición de "terreno franco, pero no registrable", por lo que no podían ser explotadas, motivo por el que el Gobierno gallego decidió hacer un concurso público, al amparo de la Lei de Ordenación da Minería de Galicia –entró en vigor en julio de 2008–, para "poner en valor" los recursos naturales existentes en la provincia de Ourense que estaban ociosos, además de dinamizar "un sector estratégico" de la economía de esta comunidad autónoma, como es la minería, para generar inversiones y la creación de puestos de trabajo.
Industria realizó "exigencias importantes" en el concurso de derechos mineros, sobre la acreditación de la solvencia técnica, económica y la capacidad que tienen las empresas, además de establecer que las solicitudes fueran acompañadas de anteproyectos de explotación, de restauración y compromisos claros de inversiones y de creación de puestos de trabajo.
Tras analizar la documentación, Ángel Bernardo Tahoces asegura que "no hay ningún paracaidista empresarial" entre los peticionarios de las propuestas que han sido seleccionadas, dado que "todas las empresas pertenecen al sector". De las treinta compañías que se presentaron, 27 son gallegas, mientras que las tres restantes tienen sus sedes en Madrid, Ponferrada y Bembibre.
La Xunta establecerá un período de investigación máximo de tres años, para que las empresas "se pongan las pilas" y pasen a la fase siguiente de explotación, además de evitar que se bloqueen derechos que les pueden interesar a otros grupos empresariales, indicó el director xeral.
Fuente: Faro de Vigo
El concurso de derechos mineros que se puso en marcha, después de un paréntesis de más de diez años, supone una inversión de 6,3 millones de euros y generará más de 500 puestos de trabajo, según indicó ayer en el edificio administrativo de la Xunta el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces.
Tras liberar 121 derechos mineros que habían caducado, declarados ahora francos para su explotación, el Gobierno gallego acaba de admitir a trámites 45 solicitudes, de las que dos corresponden a peticiones directas de explotación y 43 a estudios de viabilidad de los yacimientos –se encuentran en 31 concellos de la provincia–, mientras que 76 quedaron desiertos, pese a lo que permanecerán como tierras francas y registrables, por lo que se pueden explotar directamente.
La Xunta admitió a trámite las solicitudes realizadas por diferentes empresas para desarrollar un proyecto de investigación en yacimientos de Trives, para oro, plata, cobre, cobalto, volframio, estaño y tierras raras; Parada do Sil, dos permisos de investigación para oro, plata, cobre, cobalto, estaño, volframio, tierras raras, metales base y metales preciosos; San Xoán de Río, tres permisos de investigación para oro, plata, cobre, cobalto, volframio, estaño, tierras raras, metales bases, metales preciosos y rocas ornamentales; A Gudiña, cinco solicitudes, de las cuales cuatro corresponden a proyectos de investigación y una para explotación directa de un yacimiento de estaño y volframio; Amoeiro, un permiso de investigación de granito; Baltar, tres permisos de investigación de granito; Baños de Molgas, dos permisos de investigación de granito; Carballeda de Avia, una concesión directa de explotación para granito; Carballeda de Valdeorras, tres permisos de investigación para pizarra; Covelo, un permiso de investigación para granito; Cualedro, un permiso de investigación para granito; Laza, dos permisos de investigación para calizas y cuarcitas; Leiro, cuatro permisos de investigación para granito; Maceda, dos para arcillas; Melón, tres para granito, calizas y cuarcitas; Montederramo, una para arcillas; Monterrei, dos para metales y granito; Oímbra, una para granito; Os Blancos, dos para granito; Petín, uno para pizarra; Rubiá, uno para calizas y cuarcitas; San Cristovo de Cea, dos para granito, calizas y cuarcita; Sandiás, cinco permisos para guijarro y feldespato; Sarreaus, uno para guijarro y feldespato; Verín, dos para metales; Vilamarín, uno para granito ornamental; Vilamartín, uno para pizarra; Vilardevós, dos para metales; Xinzo, cinco para granito, guijarro y feldespato; Xunqueira de Ambía, uno para granito; y Xunqueira de Espadañedo, uno para arcillas.
Al caducar los derechos mineros, las 121 superficies afectadas por la situación adquirieron la condición de "terreno franco, pero no registrable", por lo que no podían ser explotadas, motivo por el que el Gobierno gallego decidió hacer un concurso público, al amparo de la Lei de Ordenación da Minería de Galicia –entró en vigor en julio de 2008–, para "poner en valor" los recursos naturales existentes en la provincia de Ourense que estaban ociosos, además de dinamizar "un sector estratégico" de la economía de esta comunidad autónoma, como es la minería, para generar inversiones y la creación de puestos de trabajo.
Industria realizó "exigencias importantes" en el concurso de derechos mineros, sobre la acreditación de la solvencia técnica, económica y la capacidad que tienen las empresas, además de establecer que las solicitudes fueran acompañadas de anteproyectos de explotación, de restauración y compromisos claros de inversiones y de creación de puestos de trabajo.
Tras analizar la documentación, Ángel Bernardo Tahoces asegura que "no hay ningún paracaidista empresarial" entre los peticionarios de las propuestas que han sido seleccionadas, dado que "todas las empresas pertenecen al sector". De las treinta compañías que se presentaron, 27 son gallegas, mientras que las tres restantes tienen sus sedes en Madrid, Ponferrada y Bembibre.
La Xunta establecerá un período de investigación máximo de tres años, para que las empresas "se pongan las pilas" y pasen a la fase siguiente de explotación, además de evitar que se bloqueen derechos que les pueden interesar a otros grupos empresariales, indicó el director xeral.
Fuente: Faro de Vigo
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