La Audiencia Provincial de Ourense condena a Camilo Labrador como autor de un delito de estafa procesal en grado de tentativa y le impone seis meses de cárcel y multa de cuatro meses a razón de seis euros diarios, además del pago de la mitad de las costas procesales. Asimismo anula el contrato privado de fecha 3 de abril de 1988.
Se libra el acusado de las penas de hasta 5 años que pedía la acusación pública. Se da por probado que el 7 de noviembre del 2006 se formuló en el Juzgado de Trives una demanda para dividir la comunidad ganancial de los padres del acusado por parte de tres familiares suyos frente a él. Como no hubo acuerdo sobre el inventario, se celebró una vista el 17 de abril del 2007 en la que el acusado presentó como prueba un documento privado de fecha 3 de abril de 1988, liquidado el 22 de enero del 2005. «Documento en el que faltando a la verdad, se hacía constar que le acusado había adquirido por compraventa de sus padres» varias propiedades, entre ellas una cuadra, un monte... simulando las firmas de sus padres. Dice la sentencia que Camilo obtuvo provisoriamente la finalidad perseguida, que era excluir esos bienes de los de sus padres, lo que así fue declarado en sentencia del juzgado trivés el 27 de abril del 2007.
Dice la Audiencia que le documento es falso porque los peritos coinciden en decir que las firmas son obra del acusado y no de sus padres. La estafa procesal se queda en tentativa porque no llegó a haber perjuicio económico para los querellantes. La sala bajó en un grado la pena señalada por la ley ya que el grado de ejecución y el peligro inherente «fueron elevados».
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