Ya son siete los ayuntamientos de la provincia investigados por haber efectuado el año pasado contratos de personal aparentemente no urgentes o prioritarios.
El abogado del Estado de la Subdelegación del Gobierno evalúa, bien de oficio -porque todos los acuerdos han de ser revisados por esta institución para certificar su legalidad- o por las denuncias de terceros -es el caso de las que planteó el PP en Ourense o la CIG en Xinzo de Limia- los contratos efectuados en el año 2012, para que se cumpla el decreto del Gobierno central de diciembre de 2011, que restringe enormemente la capacidad de contratación de los alcaldes con objeto de recortar gastos en los municipios.
De este modo, la inspección de la Subdelegación ha llegado a concellos de todos los colores políticos, desde el de la ciudad -con gobierno socialista- hasta los populares de Viana do Bolo, A Rúa, Xinzo de Limia, Gomesende y San Cibrao das Viñas, pasando por el independiente de Trives.
EN LOS TRIBUNALES
Varios decretos de contratación, como es el caso de ocho de Ourense o cuatro de A Rúa, se dirimirán en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza, donde los ha impugnado la Delegación del Gobierno siguiendo el criterio del abogado del Estado, que no los consideró debidamente justificados, pese a que, en casos como los empleados de cementerio de Ourense, la argumentación de su necesidad se basa en los turnos de trabajo de este colectivo y el convenio por el que se rigen, que les impide soportar pesos superiores a 25 kilos, de ahí que tengan que ser varios los operarios que se ocupan al mismo tiempo de un enterramiento.
En todo caso, tanto los responsables municipales de Ourense como los de A Rúa se aferran a la urgencia y a la imperiosa necesidad de formalizar la contratación de esos trabajadores para realizar trabajos que no pueden esperar o que permitirán abrir nuevos servicios. Otro alcalde, Manuel Pedro Fernández, de San Cibrao, también conoce la petición de justificación de las contrataciones efectuadas a finales del año pasado, que defiende porque, en el caso de los jardineros que realizan labores de limpieza, son 'imprescindibles en el adecentamiento de viales, no vamos a limpiar la maleza los concejales'. Y ya anuncia que tendrá que contratar de nuevo socorristas para las piscinas municipales.
De este modo, la inspección de la Subdelegación ha llegado a concellos de todos los colores políticos, desde el de la ciudad -con gobierno socialista- hasta los populares de Viana do Bolo, A Rúa, Xinzo de Limia, Gomesende y San Cibrao das Viñas, pasando por el independiente de Trives.
EN LOS TRIBUNALES
Varios decretos de contratación, como es el caso de ocho de Ourense o cuatro de A Rúa, se dirimirán en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza, donde los ha impugnado la Delegación del Gobierno siguiendo el criterio del abogado del Estado, que no los consideró debidamente justificados, pese a que, en casos como los empleados de cementerio de Ourense, la argumentación de su necesidad se basa en los turnos de trabajo de este colectivo y el convenio por el que se rigen, que les impide soportar pesos superiores a 25 kilos, de ahí que tengan que ser varios los operarios que se ocupan al mismo tiempo de un enterramiento.
En todo caso, tanto los responsables municipales de Ourense como los de A Rúa se aferran a la urgencia y a la imperiosa necesidad de formalizar la contratación de esos trabajadores para realizar trabajos que no pueden esperar o que permitirán abrir nuevos servicios. Otro alcalde, Manuel Pedro Fernández, de San Cibrao, también conoce la petición de justificación de las contrataciones efectuadas a finales del año pasado, que defiende porque, en el caso de los jardineros que realizan labores de limpieza, son 'imprescindibles en el adecentamiento de viales, no vamos a limpiar la maleza los concejales'. Y ya anuncia que tendrá que contratar de nuevo socorristas para las piscinas municipales.
El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, cree que ha contratado correctamente a su abogada -que entró por oposición-, que ha empleado a 15 personas con ayudas de la Xunta y que ha cubierto bajas y jubilaciones con otros contratos 'imprescindibles'. De hecho, asegura que justificó todos esos decretos y no le consta que no se hubiesen aceptado.
En Viana do Bolo, los contratos del alcalde del PP, Andrés Montesinos, son parte de la artillería de los plenos municipales. La oposición arremete contra ellos, pero la mayoría absoluta los saca adelante. Ahora son inspeccionados cuatro firmados en 2012, entre ellos un psicólogo y un técnico de empleo, que son fijos discontinuos desde hace años.
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