La denuncia presentada por el líder de la formación independiente ATI Francisco José Fernández, cuando aún era alcalde de Trives, contra su predecesor, Luis Álvarez, y otros cuatro ediles del PP ha quedado archivada. La jueza trivesa ha decretado el sobreseimiento de la causa penal abierta por considerar que «no aparece debidamente justificada la perpetración de delito», según figura en el auto judicial.
La denuncia hacía referencia a un posible delito contra la ordenación del territorio en referencia a la reclasificación del suelo donde se encontraba la biblioteca municipal pasando de ser para dotación pública y asistencial a urbano residencial. El ex alcalde independiente consideraba que este cambio, sin autorización autonómica, y el otorgamiento de licencia para la construcción de un edificio de viviendas era delictivo.
La jueza, sin embargo, ha atendido a las argumentaciones del Ministerio Fiscal, que consideró que «son los tribunales de lo contencioso-administrativo y no los tribunales del orden penal quienes tienen encomendado el control de la legalidad de los actos de la administración pública, interviniendo el derecho penal solo en supuesto límite en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria». Estas circunstancia, según el fiscal, no se reúnen en este caso, por lo que se solicitó el archivo la causa. Además, precisa, el asunto fue tratado por la vía contencioso-administrativa y, estando ya de nuevo Luis Álvarez al frente de la alcaldía, se acordó su archivo.
El Concello, cuyo gobierno recuperó Álvarez a través de una moción de censura apoyada por tránsfugas del PSOE, distribuyó ayer un comunicado dirigido a todos sus vecinos en el que critica la «campaña difamatoria orquestada polo señor Fernández Blanco» y se pregunta cómo se restituirá la reputación de los afectados.
Fuente: La Voz de Galicia
La denuncia hacía referencia a un posible delito contra la ordenación del territorio en referencia a la reclasificación del suelo donde se encontraba la biblioteca municipal pasando de ser para dotación pública y asistencial a urbano residencial. El ex alcalde independiente consideraba que este cambio, sin autorización autonómica, y el otorgamiento de licencia para la construcción de un edificio de viviendas era delictivo.
La jueza, sin embargo, ha atendido a las argumentaciones del Ministerio Fiscal, que consideró que «son los tribunales de lo contencioso-administrativo y no los tribunales del orden penal quienes tienen encomendado el control de la legalidad de los actos de la administración pública, interviniendo el derecho penal solo en supuesto límite en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria». Estas circunstancia, según el fiscal, no se reúnen en este caso, por lo que se solicitó el archivo la causa. Además, precisa, el asunto fue tratado por la vía contencioso-administrativa y, estando ya de nuevo Luis Álvarez al frente de la alcaldía, se acordó su archivo.
El Concello, cuyo gobierno recuperó Álvarez a través de una moción de censura apoyada por tránsfugas del PSOE, distribuyó ayer un comunicado dirigido a todos sus vecinos en el que critica la «campaña difamatoria orquestada polo señor Fernández Blanco» y se pregunta cómo se restituirá la reputación de los afectados.
Fuente: La Voz de Galicia
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