Alrededor de dos millones de ciudadanos luchan actualmente en la mitad norte de España contra tendidos de alta o muy alta tensión, según los datos recabados entre los movimientos sociales que se han ido constituyendo en los últimos años en las ocho comunidades autónomas más afectadas por la proyección de este tipo de infraestructuras. Esta cifra poblacional nada baladí -"se mida en términos sociales, de impacto económico y, por qué no, electorales-" se concentra en el ámbito rural y, concretamente, en áreas de montaña con alto valor ambiental, como ocurre en León con los corredores del Curueño y el Alto Bernesga, en Aragón y Cataluña con Pirineos o en Cantabria, País Vasco, Asturias, Navarra y Galicia con sus respectivas comarcas de alta montaña.
Decenas de plataformas y coordinadoras llevan, en algún caso más de 20 años, intentando combatir por todas las vías posibles tendidos eléctricos que consideran «innecesarios». Hasta ahora lo hacían por separado, pero tres reuniones de los principales movimientos sociales del país, entre ellos el que lidera la lucha contra la Sama-Velilla, han sido suficientes para dar forma legal a una coordinadora nacional que encabezará a partir de ahora una ofensiva a gran escala contra todos y cada uno de los proyectos planteados por Red Eléctrica de España, gestora de los tendidos eléctricos, y autorizados por el Gobierno.
La reivindicación común de todos los colectivos es que el Gobierno ordene la paralización generalizada de proyectos y los replantee como un conjunto. Para ello, exigen que se modifque el Plan Energético Nacional. «Es insuficiente y hecho para favorecer a una empresa privada, sin tener en cuenta a la opinión pública», denuncia Rosa Sánchez Escalada, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (Acaad) y promotora del nuevo movimiento global contra las autopistas eléctricas. Un abogado redacta actualmente los estatutos del bautizado como Foro Interregional por la Lógica y la Legalidad Energética, desde donde se pretende denunciar «la irracionalidad y el abuso que, en colaboración cómplice con las diferentes administraciones, vienen presidiendo desde hace años el desarrollo energético a través de la implantación de agresivas líneas de transporte de energía eléctrica y subestaciones de muy alta tensión», en palabras del letrado Fernando Merodio.
El segundo frente está en los informes de impacto ambiental. «Se habla de ellos,pero están hechos a la carta», según Sánchez. Se da la circunstancia de que este tipo de estudios son encargados por REE a otra empresa, «por lo que están viciados en sí mismos». Los movimientos y plataformas sociales quieren que este tipo de documentos sean realizados por técnicos del Gobierno. «No hay que ser ingeniero para hacer los trazados, porque si se observa uno por uno van todos en línea recta». Sólo se ha hecho una excepción en toda España y ha sido con el País Vasco, cuya oposición ha obligado a colocar 70 torres en Cantabria para que la línea Soto-Penagos-Güeñes-Itaxo bordee su territorio.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó durante su última visita a León que resulta obligatorio compatibilizar la distribución de energía con la conservación del paisaje, en referencia a la Sama-Velilla. Y matizó que la oposición a los tendidos eléctricos no es un problema exclusivo de León. Era la primera vez que el presidente se refería en años al polémico mallado eléctrico que pretende atravesar la montaña leonesa para dar salida a la energía producida en Asturias, por lo que se supone que es un discurso meditado.
Su rotundo apoyo a esta línea de alta tensión contrasta, sin embargo, con la opinión del ministro de Industria y con la de expertos como el presidente de Iberdrola o el de la propia patronal eléctrica, que en unos u otros foros han coincidido en que existe un exceso de potencia instalada y que el mercado no admite nuevas centrales productoras, al menos hasta dentro de de diez años.
Dijo Zapatero. Las palabras de Zapatero han provocado, sobre todo, «decepción» entre los movimientos cívicos en contra de este tipo de infraestructuras. Su lucha esencial, conocido el apoyo del Gobierno a los proyectos de REE, se mantendrá en los tribunales, aunque en casos como la línea Tordesillas-Aparecida todos los intentos han resultado infructuosos y los afectados ya padecen la operatividad del tendido. «Aquí no protestó ni el Consejo Regulador de Rueda», se queja Teodoro Recio, presidente de la plataforma constituida en su día en los pueblos situados al sur de la capital vallisoletana.
Aunque el propósito global es tirar el Plan Energético Nacional y replantearlo, cada territorio tiene sus singularidades y sus propias luchas locales. Por hacer un repaso general a la situación actual de los tendidos, de Oeste a Este del país, en Galicia ya se está consumando el proyecto más polémico, que unirá Trives, en Orense, con la subestación zamorana de Aparecida. La empresa contratada por REE ya ha iniciado la tala de árboles para colocar las torres y el mallado. «Es una lucha que nos parecía imposible, pero se trata del patrimonio de nuestras familias», defiende Isabel González, fundadora del colectivo gallego Notta.
Asturias tiene una triple lucha. Desde este territorio pretenden salir tres líneas eléctricas para evacuar la energía que se proyecta producir en las centrales abastecidas por gas del Principado, hasta cinco en los próximos años. Una hacia Galicia, otra hacia León y la tercera hacia Cantabria, que a su vez se desvía hacia Álava. La justificación del tendido es precisamente ésta, aumentar la oferta de energía en el mercado eléctrico. En el territorio aragonés, los trazados propuestos por REE han olvidado, incluso, colocar en el mapa pueblos sobrevolados por tendidos de alta tensión. «Hemos notado que donde más rechazo social hay es precisamente en los pueblos donde existe mayor riqueza ambiental, lo que significa que la gente lo valora», indica Carlos González, portavoz del movimiento contrario a la línea Monzón-Isoba, que atraviesa un paisaje muy similar al de la montaña cantábrica y afecta a comarcas devastadas poblacionalmente tras la construcción de pantanos. Es precisamente el ataque al desarrollo socioeconómico de las áreas rurales que ahora viven del turismo lo que más preocupa en Cataluña. La autopista eléctrica de Muy Alta Tensión que se proyecta entre Gerona y Perpiñán, en Francia, atravesará 70 kilómetros de territorio pirenaico y otras comarcas caracterizadas por sus masías y granjas. En este momento, como otros muchos colectivos, la plataforma No a la MAT está argumentando sus denuncias en el informe elaborado por Julio Lago Rodríguez, profesor de la Universidad de León.
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