La crisis económica y el modo en que esta afecta a la Diputación ourensana centró el pleno celebrado ayer en la institución. El gobierno supeditó en todo momento la adopción de acuerdos que conllevan gasto público a la disponibilidad de fondos. «Hoxe [por ayer] queríamos ser moi cautos», explicó el presidente, José Luis Baltar, tras finalizar la sesión. El motivo de esta cautela es la reducción de ingresos de la aportación del Estado que la entidad prevé para el año próximo. Esta circunstancia motivará una contracción de en torno al 10% en los presupuestos de la Diputación, según calculó Baltar. Esto supone en torno a siete millones de euros menos a gastar con respecto al ejercicio en curso. De este modo, la institución se quedaría con unos presupuestos aproximados de setenta millones.
La reducción en la aportación anual del Gobierno central no es el único problema al que se enfrenta la institución provincial para elaborar sus previsiones económicas. «A nós o Estado mándanos un anticipo a conta tódolos meses en función duns parámetros. Se ó longo do ano eses parámetros varían, dá unha liquidación positiva ou negativa e neste caso é negativa. No próximo presuposto ó mellor temos que baixar o que nos quitan deste ano e prever no propio presuposto a cantidade que recibimos de máis, salvo que o Estado nos diga que podemos pagar fraccionado», explicó el presidente provincial.
Así las cosas, el gobierno tuvo ayer mucho cuidado de comprometer gastos de cara al año que viene. De hecho, el PP apoyó una moción del PSOE para crear una línea de subvenciones para repartir 140.000 euros para actividades culturales de ayuntamientos. Lo hizo, pero a condición de que se aceptara una enmienda que supedita el cumplimiento de esta medida a la disponibilidad de fondos.
Las previsibles estrecheces presupuestarias que sufrirá la Diputación el próximo año sirvieron de nuevo de argumento al gobierno provincial para rechazar otra moción, también del PSOE, en la que se solicitaba la creación de un fondo de inversión al estilo del Plan E de Zapatero. Esta propuesta, que supondría repartir cuatro millones entre los ayuntamientos, fue rechazada por el mismo motivo. La oposición no aceptó las explicaciones del gobierno y recordó que ese dinero se podría detraer del que se dedica anualmente a subvenciones nominativas -es decir, dadas a criterio exclusivo del presidente-, que supera los cuatro millones de euros.
Carreteras
Por otro lado, el pleno sirvió para aprobar las expropiaciones forzosas para las mejoras en las carreteras OU-0703 entre Trives y Chandrexa de Queixa, la OU-1013 entre Oímbra, Videferre y Souteliño y la OU-0807 entre Vilamartín y San Vicente. Esta última fue incluida de urgencia porque está cerrada al tráfico y se pedirá la urgente ocupación de los terrenos a la Xunta.
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