David Llorente, responsable provincial de la DGT, ha acotado el debate que adquirió cariz mediático tras el reciente encuentro que mantuvieron en Santiago de Compostela más de 50 fiscales especialistas en Tráfico. En la práctica, trece concellos ourensanos preservan la seguridad en sus municipios con cuerpo de Policía Local propio, entre los que, tres años y medio después de la implantación del carné por puntos, un total de nueve ya ha notificado a la DGT las infracciones que acarrean recortes en el permiso de conducir.
Han obviado dar parte, según Llorente, los concellos de Celanova, Ribadavia, Viana do Bolo y Trives, "donde tenemos constancia de que se producen infracciones de tráfico y donde tienen acceso a la aplicación informática de la DGT".
La supuesta inacción de algunos ayuntamientos o funcionarios locales (sólo 30 de los 136 consistorios gallegos con Policía Local trasladan las denuncias que acarrean descuento de puntos) condujo a Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, a afirmar el pasado 17 de marzo en Compostela que "negarse a elevar estas sanciones de manera consciente a la Jefatura de Tráfico puede constituir un delito de prevaricación omisiva".
Los cuatro concellos señalados coinciden en el turno de réplica. El alcalde popular de Celanova, Antonio Mouriño, asegura sin concesiones que "si ellos no se enteraron de ninguna infracción, será porque realmente no hubo ninguna". Con el mismo fondo se pronuncian desde Ribadavia. El concejal de Seguridad, Ignacio Gómez, explica que "tener infracciones en suelo urbano con retirada de puntos es complicado, porque lo que suele haber, y no son muchos casos, son sanciones por hablar con el móvil o por no llevar puesto el cinturón". En esta localidad se ha iniciado la tramitación de sanciones que impondrán un descuento de puntos al infractor "cuya identidad no se mira porque se sufriría por un vecino", señala Gómez. Desde hace dos semanas, el Concello de Ribadavia implementa estas denuncias "que si no les han llegado es porque todavía no están formalizadas la notificaciones", expresa el concejal.
En Viana, como en Ribadavia, los convenios de colaboración con la DGT, que permiten el acceso a datos de registro de vehículos y conductores "son muy recientes", señalan diversas fuentes municipales. El alcalde vianés, Andrés Montesinos, matiza además que "para que nuestros policías puedan multar, aún hemos de desarrollar una ordenanza". Para Luis Álvarez, regidor de A Pobra de Trives, las competencias compartidas con la DGT son también materia reciente. En su caso, ve superadas las expectativas de un cuerpo de Policía "con dos personas y sin medios ni para un control de alcoholemia".
Fuente: Faro de Vigo
Han obviado dar parte, según Llorente, los concellos de Celanova, Ribadavia, Viana do Bolo y Trives, "donde tenemos constancia de que se producen infracciones de tráfico y donde tienen acceso a la aplicación informática de la DGT".
La supuesta inacción de algunos ayuntamientos o funcionarios locales (sólo 30 de los 136 consistorios gallegos con Policía Local trasladan las denuncias que acarrean descuento de puntos) condujo a Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, a afirmar el pasado 17 de marzo en Compostela que "negarse a elevar estas sanciones de manera consciente a la Jefatura de Tráfico puede constituir un delito de prevaricación omisiva".
Los cuatro concellos señalados coinciden en el turno de réplica. El alcalde popular de Celanova, Antonio Mouriño, asegura sin concesiones que "si ellos no se enteraron de ninguna infracción, será porque realmente no hubo ninguna". Con el mismo fondo se pronuncian desde Ribadavia. El concejal de Seguridad, Ignacio Gómez, explica que "tener infracciones en suelo urbano con retirada de puntos es complicado, porque lo que suele haber, y no son muchos casos, son sanciones por hablar con el móvil o por no llevar puesto el cinturón". En esta localidad se ha iniciado la tramitación de sanciones que impondrán un descuento de puntos al infractor "cuya identidad no se mira porque se sufriría por un vecino", señala Gómez. Desde hace dos semanas, el Concello de Ribadavia implementa estas denuncias "que si no les han llegado es porque todavía no están formalizadas la notificaciones", expresa el concejal.
En Viana, como en Ribadavia, los convenios de colaboración con la DGT, que permiten el acceso a datos de registro de vehículos y conductores "son muy recientes", señalan diversas fuentes municipales. El alcalde vianés, Andrés Montesinos, matiza además que "para que nuestros policías puedan multar, aún hemos de desarrollar una ordenanza". Para Luis Álvarez, regidor de A Pobra de Trives, las competencias compartidas con la DGT son también materia reciente. En su caso, ve superadas las expectativas de un cuerpo de Policía "con dos personas y sin medios ni para un control de alcoholemia".
Fuente: Faro de Vigo
No hay comentarios:
Publicar un comentario