Los concellos asumen el gasto de los juzgados de paz para evitar su cierre

Los juzgados de paz están suponiendo cada vez más una carga para los concellos del rural.

Su funcionamiento depende de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pero son las entidades locales las que corren con sus gastos, las que ponen la infraestructura e incluso, en algunos casos, como el de Monterrei, Cualedro y Oímbra, aportan dinero para que el único operario (secretario del juzgado) que se encarga de su funcionamiento abra a diario las puertas. Los trabajadores sólo perciben 300 euros cada tres meses de la Xunta, que también concede una subvención de 300 euros a los concellos para el mantenimiento de las instalaciones. 'El juzgado de paz ocasiona muchos gastos, pero hay que afrontarlos, son un servicio para los vecinos. La subvención que nos conceden para el mantenimiento es ridícula', explicó el alcalde de Oímbra, Alfonso Vilariño.

En la provincia hay 83 municipios con juzgado de paz, todos los que carecen de edificio judicial, dado que en donde lo hay, caso de Ourense, Verín, Trives, Celanova, O Barco, Bande, Carballiño, Xinzo y Ribadavia, sus funciones las asumen los trabajadores judiciales. Todos los juzgados de paz están ubicados en los consistorios y tienen múltiples competencias en materia penal y civil, desde las inscripciones de nacimientos, certificados defunciones, expedientes matrimoniales, notificaciones judiciales, exhortos, reclamaciones e incluso la obligación e celebrar juicios por faltas que no superen los 90 euros de daños.

Al frente tienen un secretario y un juez, que no podrían realizar su tarea sin la infraestructura del concello. 'Además del local, le abonamos la luz, instalamos ordenadores y facilitamos el papel, utilizan nuestras fotocopias. Es más, la mayoría de las citaciones las cursamos a través del alguacil municipal', aseguró el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Conde.

Esta situación se viene prolongando desde hace décadas. El propio presidente de la Audiencia provincial de Ourense, Fernando Alañón, reconoce que los trabajadores de los juzgados de paz carecen de medios para realizar su trabajo, lo que provoca problemas prácticamente a diario, sobre todo en los concellos que no están dispuestos a prolongar más la colaboración. En A Rúa, una pareja tuvo que aplazar la boda hace dos meses al estar el juzgado de paz cerrado. Y en Petín, para evitar problemas, sólo abre una hora dos días por semana, los martes y jueves.

Para prevenir que el problema se agrave, Fernando Alañón, está elaborado un informe de cada juzgado con el objetivo de presentarlo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para adopte mejoras, que podrían pasar por agrupar a los juzgados de paz en las cabeceras de comarca, algo que ya se hizo en otras partes de España.

Fuente: La Region