La crisis ha duplicado el número de concellos que no rinden sus cuentas al máximo órgano fiscalizador en la comunidad, tal y como se recoge en la última memoria del Consello de Contas. El retraso en el suministro de información, las reticencias de alcaldes a reconocer problemas y la existencia de estadísticas oficiales que abordan aspectos parciales contribuyen a generar en ocasiones dudas sobre cuál es la gravedad real del problema financiero. Los últimos datos del Ministerio de Economía y Hacienda revelan que la deuda viva de las corporaciones gallegas se eleva a los 641,5 millones de euros. Esta cantidad hace referencia a la cifra que adeudan los municipios a los bancos y cajas, pero en ella no se incluyen muchas de las facturas impagadas a proveedores.
Las facturas escondidas
Con el cambio de alcaldías tras las últimas elecciones de mayo ha vuelto el fuego cruzado de acusaciones sobre facturas escondidas. Ferrol, por ejemplo, adeuda a sus proveedores 10 millones de euros, tal y como ha anunciado recientemente su alcalde, el popular José Manuel Rey Varela. De esa cifra, 2,1 se corresponden con deudas contraídas con Fenosa en los ejercicios 2009 y 2010. En municipios más pequeños, como Vilamartín de Valdeorras, Trives y O Carballiño, los tres de la provincia de Ourense, se han encargado auditorías externas para conocer el estado real de las cuentas.
Mayor morosidad
Las graves dificultades de algunos ayuntamientos, que sortean el día a día para financiar lo más básico, amenazan con enquistar otro problema estructural que ahoga a las economías locales: la morosidad con la pequeñas y medianas empresas proveedoras, cada vez más renuentes a contratar trabajos con los ayuntamientos. «Es todo una bola, hay dificultades para que paguemos porque nosotros asumimos trabajos que no son de nuestra competencia sin dotación financiera de la Xunta suficiente», lamenta Carlos Fernández, presidente de la Fegamp.
No hay comentarios:
Publicar un comentario